Ciudad Victoria, Tamaulipas. - Desde su creación por el jurista Mariano Otero y Mestas (1847), la Ley de Amparo ha sido una herramienta clave para proteger los derechos de personas y empresas frente al poder público, y la reforma que actualmente se plantea sería un retroceso enorme, señaló el ex diputado local y ex presidente del PRI en Tamaulipas, Ramiro Ramos Salinas.

Explicó que desde entonces el Juicio de Amparo es un referente internacional, al considerarse una aportación original del constitucionalismo mexicano al derecho mundial, porque el amparo protege tanto derechos humanos como derechos fundamentales frente a leyes, actos de autoridad y omisiones.

Es por eso que consideró que la propuesta de reforma a la Ley de Amparo presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el pasado 15 de septiembre, es un retroceso enorme, toda vez que por primera vez en más de 150 años se debilita la capacidad de los ciudadanos para defenderse frente a los abusos de autoridad.

“Algunos sexenios avanzaron mucho, otros poco, pero nunca se había retrocedido como ahora. Es una regresión impresionantemente triste”, expresó el ex dirigente de la Junta de Coordinación Política del Congreso tamaulipeco.

El doctor en Administración Pública advirtió que la reforma a la Ley de Amparo no solo vulnera derechos individuales, sino que también afecta a las empresas, al limitar su capacidad de defensa jurídica ante decisiones arbitrarias. 

“Lo más importante para un gobierno es la creación de empleos, y estas políticas públicas retrógradas están provocando la pérdida de miles de ellos”, expresó.

El punto central de la controversia es que introduce cambios que restringen el acceso a este recurso, en particular al limitar el concepto de “interés legítimo” y reducir los supuestos en que se pueden otorgar suspensiones contra actos de autoridad.

“La crítica también es porque la reforma se hará retroactiva, pues la Constitución prohíbe la retroactividad en perjuicio de derechos adquiridos”, afirmó.

En este contexto, precisó que la reforma podría acotar la función del amparo como instrumento de protección frente a abusos de poder, mientras que el gobierno argumenta que busca dar mayor certeza y orden al sistema judicial.

Ramos Salinas se suma a las voces críticas que han cuestionado la redefinición del “interés legítimo” y la restricción de suspensiones provisionales en casos como bloqueos de cuentas bancarias u órdenes de aprehensión. 

Desde su perspectiva, la reforma representa un golpe a la vida jurídica e institucional del país, al debilitar los contrapesos frente al poder.

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